Sector Legal · 05 Junio 2026 · Bufete Jurídico Colaborador
El secreto profesional y el deber de reserva obligan a los despachos de abogados y asesores fiscales a contar con una política rigurosa de destrucción de expedientes y pruebas judiciales.
El secreto profesional garantizado en la Constitución Española (Art. 24.2) y en el Estatuto General de la Abogacía impone un deber permanente de confidencialidad sobre toda la información que los clientes confían a sus letrados.
Riesgos específicos para despachos y asesorías
- Expedientes judiciales y escrituras notariales: contienen balances contables, testamentos, datos de menores o estrategias procesales cuya filtración acarrearía consecuencias penales y éticas irreversibles.
- Auditorías de Protección de Datos: el ICAB y la AEPD supervisan que los despachos cuenten con un proveedor homologado de trituración documental.
- Contenedores rotatorios en el despacho: la solución más limpia para gestorías y bufetes es disponer de un contenedor metálico con cerradura en las oficinas, con recogida periódica sin interrumpir la actividad jurídica.
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